“La mejor técnica sin objetivo ni propósito político no sirve ni para arreglar una plancha”, asegura Pablo Gómez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ahora, Pablo Gómez anuncia que la cooperación con entidades del gobierno federal y con la Fiscalía General de la República (FGR) será clave para la operación de la UIF.
Aunque a finales de octubre último, en el marco de la reunión plenaria del GAFI en París, se reconoció que México ya había avanzado en las recomendaciones de la institución intergubernamental, también se advirtió que el gobierno mexicano sólo cumple parcialmente con las políticas y protocolos para prevenir, detectar y c0mbat!r el blanqueo de capitales.
Al respecto, Jorge Sánchez Tello, director del programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), centro de investigación independiente con sede en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Aseguró que en México es más fácil que se judicialice, se persiga y se castiguen d3lit0s menores que el blanqueo de activos, lo que constituye una seria vulnerabilidad para el Estado de derecho y las operaciones bancarias.
Los bancos y los intermediarios del sistema financiero invierten cada año millones de pesos en procesos para reportar transacciones sospechosas y relevantes a la UIF, sin que hasta ahora se tenga una sola sentencia en firme por lavado, dice Sánchez Tello.
“Resulta, entonces, que los bancos sostienen una regulación costosa para su operación sin resultados tangibles para el Estado de derecho en el país”, dijo el experto de la Fundef.
En los últimos tres sexenios, de 98% de las denuncias por lavado de activos, sólo el 2% se ha castigado, agregó.
Al respecto, el 19 de octubre pasado, Santiago Nieto aseguró que México avanzó en los informes y tipologías para identificar oportunamente los r!esg0s, métodos y tendencias utilizadas por el cr!m3n organizado para lavar activos.
Gómez fue designado titular de la UIF tras la renuncia de Nieto.
Sobre el bloqueo de cuentas bancarias que ha realizado la unidad, Gómez dice que revisará la situación de los activos en los bancos cuya propiedad debe acreditarse, con el propósito de proteger a los dueños legítimos o, en su caso, declarar que han sido abandonados.
Para el ex legislador, la UIF y el gobierno de López Obrador pueden dar por sentado que en los últimos tres años se han dado los g0lp3s más grandes en la historia contra los recursos del cr!m3n organizado.