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Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez detecta otro negocio sucio de Silvano Aureoles

El actual Gobierno del occidental estado mexicano de Michoacán detectó un presunto fr4ud3 de 5 mil 186 millones de pesos (unos 240 millones de dólares) del ex gobernador Silvano Aureoles junto con una constructora encargada de construir cuarteles con supuestos sobrecostos.

La empresa se encargó de la edificación, arrendamiento y compra de 7 cuarteles policiales, donde aparentemente se disponía de lujosas habitaciones con protección 4nt!b4las, según denunció este miércoles el Gobierno de Michoacán.

Alfredo Ramírez, actual Gobernador y sucesor de Aureoles, denunció que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga el presunto fr4ud3 por 5.186 millones de pesos (unos 240 millones de dólares), en la construcción.

De igual manera el insólito arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de los cuerpos de seguridad estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.

Ramírez aseguró en rueda de prensa que los cuarteles cuentan con espacios administrativos y dormitorios para los agentes, construidos con materiales de baja calidad, como paredes y techos de láminas de plástico, aunque cada complejo tiene un área privada que estaba destinada exclusivamente para el ex gobernador Aureoles.

Estas áreas privadas están habilitadas con protección 4ntib4las y lujoso mobiliario en una habitación, sala, comedor y un baño completo.

Los espacios exclusivos para el ex mandatario se ubican a unos metros, y con un acceso privado a helipuertos, aseguró Ramírez, del oficialista Morena.

Ramírez desglosó que este modelo de c0rrupc!ón se basó en el pago de siete proyectos ejecutivos –uno por cada complejo, cuando debió ser solamente uno- con la existencia además de un sobreprecio en la construcción.

Además, posteriormente se rentaba a dicha empresa y, finalmente, hubo una compra final por parte del Gobierno estatal de los siete cuarteles tras pagar arrendamientos millonarios, la falta de evidencia documental de la entrega de los inmuebles y la inexistencia de equipamiento.

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